La reforma fiscal enoja al sector inmobiliario

El paquete de medidas incluido en la reforma fiscal presentada por el Gobierno esta semana sigue despertando reacciones por parte de los sectores implicados. El último en ofrecer su opinión ha sido el inmobiliario, en concreto el relacionado con el alquiler de viviendas.

Para la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta), las medidas anunciadas, "además de perjudicar la expansión del alquiler en España, fomentarán enormemente la economía sumergida".

Según sus cálculos, el porcentaje de alquileres que no se declara actualmente es del 10% del total, aproximadamente 200.000, con una renta media de 7.200 euros anuales. Esto supone 1.400 millones de euros al año, lo que significa el 0,12 de PIB, que "pueden incrementarse hasta 2.160 millones con las nuevas medidas", aseguran, al pasar al mercado negro hasta 300.000 viviendas alquiladas más. 

La solución para Arrenta, lejos de seguir grabando el alquiler, pasa por "medidas de fomento fiscal", fundamentalmente "revisar al alza el tipo estatal en detrimento del autonómico, así como la eliminación del límite de la base imponible", proponen, además de tomar medidas de control como el gasto de los contadores de luz de las viviendas supuestamente vacías. 

A juicio de esta entidad, la reforma afecta "negativamente" tanto a propietarios, como a inquilinos. Respecto a los propietarios, reduce la desgravación de los ingresos por alquiler hasta el 50%, diez puntos menos que en la anterior normativa, independientemente de la edad del inquilino. En la normativa vigente, la desgravación del 60% llega hasta al 100% si el inquilino tiene entre 18 y 30 años o entre 18 y 35 y el contrato de alquiler se firmó antes del 31 de diciembre de 2010. 

También se eliminan parte de las deducciones para los inquilinos. Actualmente es del 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo sin límite de edad, siempre que la base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, hasta un máximo de 9.040 euros al año. Las nuevas medidas propuestas serán aplicables para contratos de alquiler firmados a partir del 1 de enero de 2015.